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F.A.Q.

Si, la Ley No. 48-02, General de Defensa de la Competencia fue promulgada el 16 de enero de 2009.

La Ley General de Defensa de la Competencia tiene por objetivo evitar la consecución por parte de las empresas de prácticas restrictivas a la competencia (fijación de precios, repartición de mercados, discriminación de precios, entre otras), en detrimento del mercado y finalmente de los consumidores.

Su publicación y posterior puesta en vigor proveerán un índice más elevado a la seguridad jurídica y protección a la confianza legítima, fortaleciéndose de esta manera, nuestro Estado de Derecho. El texto aprobado tiene 32 páginas y 70 artículos dividido en 4 Títulos:

I. De la libre y Leal Competencia;
II. De las Autoridades Nacionales de Defensa a la Competencia.
III. Procedimiento de aplicación de la ley; y,
IV. Disposiciones Transitorias.

Además el ordenamiento jurídico dominicano cuenta con otras herramientas legales para asegurar una sana competencia en el mercado. A saber:

Varias leyes especiales (energía, telecomunicaciones, comercio electrónico, banca, seguridad social, aeronáutica, antidumping, propiedad industrial, etc.) consagran normas y procedimientos especiales para su protección.

Además la República Dominicana, ha asumido determinados compromisos de vigilancia a las prácticas comerciales y proveedores monopolísticos en el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

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¿Existe actualmente una legislación sobre protección al consumidor en la República Dominicana?

Sí, dentro de nuestro ordenamiento jurídico se encuentra la Ley General de Protección  de los Derechos del Consumidor o Usuario, No. 358-05.

Esta tiene por objeto establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros, en armonía con las disposiciones al efecto contenidas en las leyes sectoriales.

¿Cuáles son los montos de los cargos de acceso vigentes en la República Dominicana?

 Desde el 1ro de mayo, 2003, los montos de los cargos de acceso son:

Tráfico Local 

US $0.0192

Tráfico de Transporte Nacional

US $0.01

Tráfico Nacional

US $0.0292

Tráfico de Transporte Nacional

US $0.0292

Tráfico Internacional Entrante a Fijo

US $0.0192

Tráfico Internacional Entrante a Móvil

US $0.0192

Uso de Códigos de Acceso (tráfico local)

US $0.0192

Uso de Códigos de Acceso
(tráfico local+transporte nacional)

US $0.0292

Móvil a Fijo y Móvil a Móvil 

US $0.0720

Fijo a Móvil

US $0.0720

Llamadas al Sistema de “Paging”

US $0.0192

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¿Cuáles son los beneficios de la Ley de Acceso a la Información Pública?

En virtud de esa nueva Ley, toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas y compañías por acciones con participación estatal, incluyendo: a) Organismos y entidades de la administración pública centralizada; b) organismos y entidades autónomas y/o descentralizados del Estado, incluyendo el Distrito Nacional y los organismos municipales; c) organismos y entidades autárquicos  y/o descentralizados del Estado, incluyendo el Distrito Nacional y los organismos municipales; d) empresas y sociedades comerciales propiedad del Estado; e) sociedades anónimas y compañías por acciones con participación estatal; f) organismos e instituciones de derecho privado que reciban recursos provenientes del presupuesto nacional para la consecución de sus fines; g) el Poder Legislativo, en cuanto a sus actividades administrativas; h) El Poder Judicial, en cuanto a sus actividades administrativas.

¿Cómo serán resueltas las controversias en la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América?

De acuerdo con el texto final del Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América, las partes cooperarán para que la interpretación y aplicación del tratado, a través de consultas que permitan alcanzar solución satisfactoria sobre cualquier asunto que afecte su operación.

No obstante, podrán ser aplicadas las disposiciones sobre solución de controversias convenidas en el Tratado, respecto de su interpretación o aplicación; cada vez que una Estado Contratante considere que otro Estado Contratante ha propuesto o aplicado alguna medida inconsistente con las obligaciones acordadas, que impida la aplicación de sus obligaciones; o cuando algún Estado Contratante considera que alguna medida actual o propuesta pueda anual o invalidar el sentido del Anexo 20.2.

Como todos los países firmantes son Estados Miembros de la OMC, todos tendrán la prerrogativa de elegir el foro para la solución del diferendo de iniciar el proceso, cuando inicien una reclamación de violación al TLC.

¿Cuáles son los actos de competencia desleal prohibidos y sancionados por la legislación dominicana de Propiedad Industrial?

De acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial, constituyen actos de competencia desleal, entre otros:

  • Los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;
  • Usar o propagar indicaciones o alegaciones falsas o innecesariamente injuriosas capaces de denigrar o desacreditar a los productos, los servicios, la egresa o el establecimiento ajenos;
  • Usar o propagar indicaciones o alegaciones susceptibles de engañar o causar error con respecto a la procedencia empresarial de origen geográfico, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidad u otras características de productos o servicios propios o ajenos;
  • Los actos que implican un aprovechamiento indebido de prestigio o de la reputación de la persona, o de la empresa o signos distintivos de terceros;
  • Los actos susceptibles de dañar o diluir el prestigio o la reputación de una persona o de la empresa o signos distintivos de un tercero, aún cuando tales actos no causaran confusión;
  • Usar como marca, nombre comercial u otro distintivo empresarial un signo cuyo registro esté prohibido conforme el Artículo 73, incisos g), h), i), j), k), l), ll), m), n) y ñ) de la misma Ley;

Usar en el comercio un signo cuyo registro esté prohibido conforme el artículo 74 de la Ley, sin perjuicio de las disposiciones sobre infracción de los derechos sobre signos distintivos.

¿Cuáles son los servicios regulados por la Ley sobre Aeronáutica Civil, sus modificaciones y reglamentos complementarios?

  • Servicios Aéreos de Transporte Público;
  • Servicios Aéreos Privados;
  • Taxis Aéreos;
  • Servicios de Trabajo Aéreo.

¿Cuáles son las cláusulas fundamentales que debe contener el contrato para la adquisición de bienes o la contratación de obras y servicios  bajo la ley Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley No. 449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006? 

  • Compensación por los servicios que preste, el precio, tarifa o subsidio convenidos y cualquier otro beneficio adicional expresamente estipulado;
  • Prohibición del concesionario para establecer exenciones a favor de los usuarios;
  • Garantías, en las diferentes etapas de la concesión, como etapa de construcción de obras, etapa de operación y explotación;
  • Plazo de concesión; Derecho de explotación de los bienes, obras y servicios principales y anexos a las obras;
  • Derecho a la revisión del régimen económico y plano de la concesión, por causas sobrevivientes;
  • Transferencia de la concesión;
  • Régimen jurídico en la relación concedente-concesionario y concesionario-usuarios;
  • Realización de las auditorias de carácter técnico, contable y ambiental, por parte de la entidad concedente;
  • Responsabilidad e indemnizaciones por daños a terceros con motivo de la construcción y explotación;
  • Seguros a cargo del concesionario;
  • Multas y sanciones por incumplimiento;
  • Costeo de la supervisión del proyecto por el concesionario vía la Entidad Contratante

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¿Cuál es el procedimiento para la emisión de bonos?

El emisor nacional que desee registrar una oferta primaria de valores, en moneda nacional o extranjera, en la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) deberá seguir el siguiente procedimiento:

FASE I

1. Entregar a la BVRD, el expediente con cada uno de los documentos que son entregados a la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV), para su evaluación y/o aprobación de la oferta pública de valores, enunciados en capítulo II.2 Art. No 56 del Reglamento de aplicación de la Ley de Mercado de Valores, No. 729-04. Esto con la finalidad de que la BVRD pueda ir evaluando concomitantemente la emisión en cuestión, con las autoridades regulatorias; reservándose la BVRD el derecho de solicitar cualquier documentación adicional, aún esta no sea solicitada por la SIV, con el propósito de resguardarlos intereses del mercado de valores que organiza y de sus participantes. Los documentos que hacemos mención anteriormente están compuestos por:

  • Documentos constitutivos del emisor, debidamente certificados, sellados y registrados, actas societarias y demás actos auténticos o bajo firma privada relativos a la compañía.
  • Resolución o acuerdo emitido por el órgano competente del emisor autorizando la correspondiente emisión de valores.
  • Modelo de contrato suscrito entre el emisor y el representante de tenedores y el administrador extraordinario, según sea el caso, para la emisión de bonos.
  • Modelo de contrato suscrito entre el emisor y el inversionista para la emisión de papeles comerciales u otros títulos representativos de deuda de corto plazo.
  • Modelo de contrato suscritos entre el emisor y los demás entes que participen en el proceso de emisión, colocación y negociación.
  • Información económica y financiera del emisor y sus vinculados.
  • Calificación de riesgo, en los casos de valores de renta fija.
  • Prospecto de colocación de valores

2. Presentar una constancia de que los documentos antes mencionados fueron entregados a la SIV para su evaluación, revisión y/o aprobación.

FASE II

De ser aprobada por la SIV, la Emisión de Oferta Pública, el emisor solicitante deberá presentar a la BVRD los siguientes documentos:

3. Carta solicitud del representante legal de la empresa emisora, en original y copia, solicitando la inscripción del emisor y de la emisión en la BVRD.

4. Certificación de la aprobación de la emisión de oferta pública en el Registro de Mercado de Valores y Productos otorgada por la SIV.

Por su lado, el Comité de Evaluación de Emisiones de la BVRD, sin perjuicio de las atribuciones que competen al Consejo de Directores, tiene la facultad de autorizar, suspender, previa notificación a la Superintendencia de Valores, o denegar la inscripción de las transacciones de Valores de oferta pública en la BVRD, conforme a las disposiciones de la Ley, su Reglamento, las normas que al efecto dicte la Superintendencia de Valores, así como las normas internas de la BVRD.

FASE III

De ser aprobada por el Comité de Evaluación de Emisiones de la BVRD el registro de la emisión, el puesto de bolsa representante del emisor deberá:

5. Pagar el importe fijado por concepto de Inscripción de un emisor según lo estipula el Capítulo IX de Comisiones y Tarifas del Manual de Procedimientos de la BVRD.

6. Pagar el mantenimiento mensual de la inscripción de la emisión, según lo  estipula el Capítulo IX de Comisiones y Tarifas del Manual de Procedimientos de la BVRD, cuando hayan iniciado las negociaciones con los valores antes  registrados.

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¿Existe una regulación en materia de dumping y
subvenciones en la RD?

Sí. La Ley sobre Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia fue promulgada el 18 de enero de 2002 (Ley N° 01-02). La Ley N° 01-02 incorpora las disposiciones de los Acuerdos de la OMC, estableciendo normas para las investigaciones y la imposición de derechos antidumping o compensatorios a las importaciones objeto de dumping o subvenciones que causen o amenacen causar daño importante a una rama de la producción nacional, así como para la aplicación de medidas de salvaguardia a fin de hacer frente a un incremento masivo de importaciones que causen o amenacen causar daño grave a una rama de la producción nacional. 

¿Cuál es la autoridad competente para llevar a cabo el cumplimiento de la Ley sobre Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia (Ley N° 01-02)?

De conformidad con la Ley N° 01-02, la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio  y  Medidas de Salvaguardias es la autoridad nacional competente para realizar las investigaciones y determinar la aplicación de derechos antidumping, compensatorios y medidas de salvaguardia. 

Tiene carácter de entidad estatal descentralizada , con autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, patrimonio propio y personalidad jurídica. 

La Comisión  contará con una estructura organizativa integrada por un Presidente y cuatro (4) miembros designados por el Poder Ejecutivo y 3 Unidades de carácter técnico y administrativo en funciones de operación, consultivas  y de apoyo.

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